No sin cierta superficialidad, se compara a Evo Morales con Sebastián Piñera y se pide la renuncia del segundo, ya que el primero renunció. Con ello se compara Chile y Bolivia o más bien, la situación política muy complicada de ambos países. Pero ¿es esta una comparación válida? ¿Se puede comparar sin más ambos países, ambos presidentes, ambas situaciones?
Antes que nada, el presidente de Bolivia violó la constitución que él mismo se dió, elaborada por una asamblea constituyente designada por él mismo -por su gobierno- y aprobada en un plebiscito convocado y realizado durante su primer mandato. Si, en octubre de este año, Evo Morales ya llevaba tres mandatos e iba por el cuarto, en circunstancias que su propia constitución no acepta la reelección. Para eso, él trató de reformarla; pero no le resultó, ya que perdió en el plebiscito convocado para este efecto.
La Constitución de Evo, de 2009 -llamada pomposamente plurinacional- fue aprobada por simple mayoría y no por los dos tercios que establecía la constitución anterior. Sí, entre una y otra constitución tiene que haber continuidad y toda nueva carta fundamental debe ser elaborada y entrar en vigencia de acuerdo a las normas de la anterior. Lo que no se dió en Bolivia.
Hagamos un poco de historia: Morales fue elegido presidente por primera vez en el 2005, la asamblea constituyente fue designada el 2006 y la constitución, promulgada el 2009. El 2014, los jueces nombrados por él, decidieron “no contar” su primer período tras la antigua constitución como un periodo presidencial, para poder ser reelegido presidente. Así, Evo Morales se convirtió lentamente en un presidente vitalicio, en un rey sin corona, en un monarca sin cetro o bien, en un simple tirano hispanoamericano como otros muchos. Estamos pues ante un renacimiento del consabido caudillismo latinoamericano.
En 2016, Evo Morales intentó reformar la constitución, para permitir su reelección el 2019. Sin embargo, su proyecto de reforma constitucional fue rechazado claramente en un referéndum. El pueblo se decidió en su contra. En contra del rey sin delfín. En contra de quien se había atornillado en el poder y se consideraba imprescindible y se consideraba a sí mismo como el único que podía resolver los problemas de Bolivia: él y nadie más que él.
Como el poder corrompe[1], Evo quiso trocarle la nariz a la constitución y al pueblo y recurrió al tribunal constitucional que, por unanimidad de los jueces nombrados por él mismo, resolvió a su favor. Los jueces “sumisos” al régimen dictaminaron que Morales tenía el “derecho humano” a su reelección: sería una mera cuestión de DDHH reelegir a Morales. Así, mediante un resquicio legal, Evo hizo caso omiso de la constitución o más bien, la violó abiertamente.
Esta triquiñuela de Morales (que no hace honor a su nombre) no causa nada más que un sentimiento entre risa y repugnancia; pero en Bolivia, fue aceptada. Fue aceptada y, en octubre de 2019, se realizaron elecciones presidenciales. En ellas, parece no caber dudas a nadie de haber sido cometido un masivo fraude electoral.
La supuesta victoria del candidato del MAS, sigla detrás de la cual se esconde el partido de Morales, de su Movimiento Al Socialismo, no fue reconocida por observadores internacionales, ni tampoco por los observadores nacionales. La acusación de fraude era demasiado grande, el fraude demasiado evidente, en un estado controlado por el gobierno del Movimiento Al Socialismo.
A continuación, comenzó una protesta de la sociedad civil que concluyó con la huída de Evo y de todos sus ministros a México y a otros países entre los cuales, al parecer, no se cuentan no Cuba, ni Venezuela, sus aliados políticos en la Región. Por favor, corríjanme si me equivoco en este punto y alguno de sus ministros ha decidido refugiarse en alguno de estos dos países posteriormenre a la publicación de esta columna.
“¡Qué diferencia con Chile!” clama Ian Vásquez, el columnista de El Comercio de Perú, en su artículo que titula “Bolivia vs. Chile”. Escribe: “La alternancia del poder en Chile se ha dado desde el regreso de la democracia en 1990, siendo la izquierda la que ha gobernado la mayoría del tiempo. Durante ese período, la Constitución ha sido cambiada numerosas veces y legitimada por los partidos de izquierda”[2]. Efectivamente, la izquierda chilena ha gobernado 25 de los últimos 30 años; pero, paradojalmente, culpa de todo lo malo a la derecha.
En realidad, la diferencia entre Bolivia y Chile es abismal. Y no me refiero a las diferencias históricas, sino a las actuales. A diferencia del boliviano, el gobierno actual de Chile respeta la Constitución. Si la Constitución no permite la reelección, simplemente, no se presenta el candidato para una reelección inmediata. Las reglas del juego están claras y hay que seguirlas. En Chile, el rayado de la cancha siempre fue sagrado.
Chile es un país con un tribunal constitucional independiente. El tribunal constitucional boliviano era sumiso y se hallaba bajo el control del presidente Morales. En Chile, el gobierno puede esperar que el TC falle a su favor, pero no lo puede obligar. En Bolivia, lo pudo obligar a fallar a su favor.
En Chile, hasta ahora, se ha buscado el acuerdo entre los diversos partidos políticos, salvo ahora, en que la extrema izquierda busca una ruptura violenta, un cambio de sistema, como le llaman en su retórica altisonante. Me pregunto ¿cuál es el sistema que nos quieren imponer? ¿Reemplazar la democracia liberal representativa por una democracia popular a la antigua usanza de los regímenes comunistas de antaño?
Algunos sostienen que su propósito es reemplazar el sistema o el modelo chileno por el de Alemania o Suecia. Lamento decirles que tanto Alemania como Suecia tienen sistemas democrático-liberal-representativos en lo político y de libre mercado en lo económico. Y que en ambos países, la policía es muy efectiva y no acepta actos de vandalismo, ni saqueos, ni tampoco delincuencia, ni crímenes comunes disfrazados de “resistencia”.
A propósito del “sistema”, una amiga argentina me dice que “Chile era el modelo para toda Latinoamérica y por eso, a la izquierda le interesa tanto destruirlo”. A lo que una amiga mexicana comenta “Eso mismo platicaba con mi familia el domingo pasado”. Y otra amiga argentina agrega: “Tal cual, Chile era el modelo”. De ahí el mayor ensañamiento ideológico en su contra.
Un tema que también se plantea y uno no muy tranquilizante es que “el vandalismo y la violencia desatada, los saqueos y la destrucción urbana” son la pavimentación hacia la extrema derecha. No sin razón Patricio Navia comentaba: “después de las protestas del 2014, una mayoría terminó votando a Bolsonaro”[3]. En este caso, “el sistema” tendría un vuelco inesperado, de acuerdo a la tradicional ley del péndulo que tanto conocemos los chilenos y el modelo sería reemplazado por otro cuyos propulsores consideren totalmente opuesto al actual. Me pregunto si para allá vamos… Sólo puedo responder que lo contrario de la extrema izquierda no es la extrema derecha. Lo contrario de la extrema izquierda es la democracia.
Que me disculpen los países productores de plátanos; pero es propio de “repúblicas bananeras” exigir la renuncia del presidente en ejercicio, que fue elegido en elecciones democráticas. Y esto lo sostengo tanto frente a quienes hoy exigen la renuncia de Piñera, como frente a quienes exigían la renuncia de Bachelet. De la misma manera, es altamente antidemocrático y no merece ni siquiera el más breve análisis, sostener “si yo no voté a Piñera, él no es mi presidente”, como he leído y escuchado en estos aciagos días.
Vásquez explica que, “la izquierda extrema…denuncia además que el Gobierno ha tratado de mantener la seguridad y el orden público ante el vandalismo y violencia que algunos manifestantes han desatado”[4]. Pero ¿no es esto lo normal? Un gobierno sería super irresponsable si no lo hiciera. Lo que correponde a un gobierno es defender las instituciones, defender el estado de derecho. Los cambios se hacen sin ruptura, de acuerdo a la antigua divisa democrática: evolución y no revolución.
Al gobierno le corresponde mantener la seguridad y el orden público frente a la violencia y al vandalismo. En este punto, el comentarista peruano tiene toda la razón. En un estado de derecho no rige la ley del más fuerte, sino que impera la fuerza de la ley. Esta es una de las más valiosas conquistas de la sociedad democrática, donde el estado tiene y ejerce el monopolio de la fuerza y los ciudadanos no necesitan recurrir a la autodefensa porque es el estado quien los protege y defiende sus derechos[5].
El columnista de El Comercio de Lima explica que, “la izquierda extrema, que ahora quiere derrocar al presidente, dice que Chile ha vivido 30 años de fracaso, a pesar de los hechos que cuentan otra historia”[6]. Bueno, de los 30 años, 25 han sido de gobiernos de izquierda. Pero eso, ¡a quién le importa cuando se trata de tergiversar la historia y los hechos y de presentar un relato a mi antojo, un storytelling que me beneficie y que evite preguntas molestas! Pero, como decía Stalin, “persigue al mentiroso hasta el umbral de su mentira”.
[1] La sentencia es de John Emerich Edward Dalberg-Acton. Su original en inglés: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”
[5] “Este es un ‘gran logro civilizatorio de la modernidad, así se logró suprimir la barbarie’” La polarización es el semillero del extremismo
columna semanal de marta salazar 
dejeme ver si entiendo? no es valido solicitar la renuncia de piñera pero si es valido solicitar la renuncia al presidente de venezuela? la doble moral del mundo es lo que nos tiene en estos tiempos de crisis
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