La inestabilidad y el cambio en Chile

En su último libro “Road to unfreedom”[1], Timothy Snyder -el historiador norteamericano del momento- señala acertadamente que sólo en un estado estable y que funciona, sus ciudadanos pueden llevar a cabo un cambio. O muchos cambios. Es precisamente la estabilidad la que hace posible cambiar el cambio.

Este es mi problema frente al caso chileno: frente a la Asamblea Constituyente y a la eventual nueva nueva constitución. Creo que Chile se ha vuelto un país más que inestable, sumamente lábil e inseguro en todo sentido. Del legalismo del que nos gloriábamos o por el que éramos criticados, parece que pasamos raudamente al ilegalismo, al desgobierno. Del estado de derecho pasamos a la anarquía o, en el mejor de los casos, a un segundo período de “ensayos constitucionales”, como el del siglo 19; pero más de un siglo y medio después[2].

De las alabanzas del historiador alemán Heinrich August Winkler[3], quien calificaba a Chile como el único país occidental de Latinoamérica, de eso, poco y nada va quedando. Una de las características esenciales y conditio sine que non de la pertenencia a Occidente es la capacidad de resolver las diferencias políticas -tanto teóricas, como prácticas- en forma pacífica, sin violencia[4]. Después de la irrupción de la llamada “primera línea” y de sus “ayudistas” -verdaderos autores intelectuales del estallido de violencia- de occidental, poco y nada le va quedando al país.

Tengo que reconocer que, en un comienzo, yo era levemente proclive a una nueva constitución. Incluso me atreví a proponer una medida muy concreta para el eventual nuevo texto (el establecimiento de una barrera del 5% para que los partidos políticos puedan tener representación parlamentaria[5]) y creí que, con ello, contribuía a una proceso constitucional que, como me dijo un amigo nos identificaría a todos los chilenos con una nueva carta fundamental. Asimismo, pensaba que un gobierno serio y estable como el actual, conduciría el proceso constitucional por un buen camino y hacia buen puerto.

Sin embargo, me temo que, de a poco, estoy cambiando de parecer. Y no soy la única. Si una revisa las cifras de las encuestas de opinión[6], puede observar que la alternativa hacia el rechazo (el llamado #votorechazo) si bien es cierto no es aún mayoritaria, tiende a aumentar. Siempre he sostenido que las encuestas no se pueden ver como una simple foto de un instante, sino más bien hay que observarlas como una película, ya que la tendencia es lo decisivo.

Hace algunos días, recibí un mensaje de una compañera de Universidad de Javier Edwards[7], que contenía un escrito suyo acerca del tema rechazo o aprobación en el próximo plebiscito. Me pareció significativo que una persona como mi querido amigo Javier se pronunciara tan claramente en favor del rechazo. Entre otras cosas, porque él es una persona de ideas de izquierda. Me parece interesante comentar sus planteamientos.

Javier explica que “la estabilidad de la constitución es la estabilidad del país y sus ajustes deben recoger mayorías adecuadas para no convertirla en la herramienta de mayorías de turno o manipulaciones para perpetuar en el poder a algún gobernante inescrupuloso”. Así es. Las mayorías de turno son más bien un tool del populismo que una herramienta real de la democracia. Pienso que la estabilidad no es inmovilidad. Por el contrario, la inestabilidad es el verdadero origen de la inmovilidad. Me parece que la estabilidad de Chile actualmente deja mucho que desear.

En este sentido, el párrafo que Javier dedica a la Plaza Baquedano es muy significativo: “me parece absurdo y populista, innecesario, ponerle Plaza de la Dignidad al peladero en que se convirtió la inocente Plaza Baquedano, sino trabajamos de verdad en un plan de gobierno y legislativo que construya esa dignidad. Así, cada dictadura construye monumentos a la libertad, y la politiquería y la demagogia hablan de palabras como dignidad, justicia, equidad y quieren monumentos no políticas, leyes, normas y su aplicación”. Pienso que la Plaza Baquedano ha sido convertida más en una verdadera plaza de la indignidad.

Cuando un país es inestable, nadie -o poca gente- quiere cambiar algo, porque teme que será peor el cambio que el presente[8]. Y eso es lo que bien puede pasar en Chile si continúan las “protestas” y las acciones de la llamada “primera línea”: incendios, destrucciones, rayados, funas, saqueos, coacción y amenazas, además de otras barbaridades. Hasta ahora hablamos del estallido social; pero creo que estamos a punto de caer en un estallido terrorista.

En un clima inestable no se puede hacer reforma alguna, ni las necesarias ni las innecesarias. Ni sociales, ni políticas, ni económicas, ni institucionales, ni menos constitucionales. En un clima de inestabilidad, sólo se retrocede, en el peor de los casos -cuando se desquicia el estado de derecho- hasta la edad de las cavernas, donde prima la ley de la fuerza por sobre la fuerza de la ley.

Todas las reformas que se han hecho a la constitución actual en estos 30 años de vigencia en democracia, han sido hechos precisamente en un marco de estabilidad institucional y no de ruptura. No creo que sea necesario, ni conveniente, lanzar por la borda las reformas realizadas. Javier habla de “una mentira política”. Y señala que “su propósito, en algunos con ambiciones refundacionales, es un acto revolucionario para convertir a Chile en un proyecto viciado”. Fundar de nuevo el país es una utopía o más bien una distopía, un proyecto populista[9].

“El esfuerzo de una nueva constitución, innecesaria, el tiempo que llevará materializarla, la incertidumbre que generará, el impacto económico que ello tendrá, el debate oportunista de los políticos, todo pondrá en segundo lugar lo que realmente es necesario…”. Sí, Javier tiene razón: la incertidumbre es lo contrario de la inestabilidad y ésta durará al menos dos años, en los que la presión de la primera línea puede tornarse intolerable: más incendios, más barricadas, más saqueos, más actos de fuerza, más violaciones a la libertad individual[10]

Javier concluye: “Escribir una constitución no es un ejercicio de improvisación, ni podrá recoger todas las ideas de las cabezas más imaginativas (puedo anticipar un colorido circo de propuestas). En conciencia, y por el bien del país y de todos, para poner las prioridades en las verdaderas urgencias: votaré NO al cambio de constitución”. Yo no estoy decidida aún; pero no puedo negar que mi colega y amigo tiene bastante razón.

Puedo agregar que en un clima de agresión, de desgobierno, de crispación y de inestabilidad no conviene cambiar la Constitución. Nada bueno puede salir de ello. Ahora durante el verano, las cosas parecen más calmadas, tal vez porque “los jóvenes idealistas” se fueron de vacaciones au$piciada$ por papá y mamá; pero no creo que marzo vaya a ser un mes muy tranquilo, ni tampoco abril. Ojalá me equivoque, ojalá.


[1] “The Road to Unfreedom: Russia, Europe, America”, 2018. Leo que fue publicado en castellano bajo el título de “El camino hacia la no libertad”.

[3] Durante una charla-homenaje organizada por la embajada polaca en Berlín, hace algunos años.

[4] Esa gente que dice que todo cambio debe ser violento, creo que adolece de seguera histórica y está afectada por el pensamiento al que me referí en mi columna De la violenta revolución que conduce a la dictadura del proletariado, que invito a leer.

[5] “Sería interesante incorporar a la Constitución una cláusula de barrera de al menos un 5% para establecer un sistema de acuerdo al cual, “únicamente los partidos políticos que hayan obtenido al menos el 5% de los votos válidamente emitidos pueden obtener representación parlamentaria”, en mi columna La polarización es el semillero del extremismo

[8] O, como diría Shakespeare: “Rather bear the ills we have than fly to others that we not know of”.

[9] Aquí viene un enlace a mi artículo próximo acerca del populismo en el “estallido social” en Chile.

[10] Ver el testimonio de una amiga: Ayer sentí miedo

Evo Morales vs Piñera

No sin cierta superficialidad, se compara a Evo Morales con Sebastián Piñera y se pide la renuncia del segundo, ya que el primero renunció. Con ello se compara Chile y Bolivia o más bien, la situación política muy complicada de ambos países. Pero ¿es esta una comparación válida? ¿Se puede comparar sin más ambos países, ambos presidentes, ambas situaciones?

Antes que nada, el presidente de Bolivia violó la constitución que él mismo se dió, elaborada por una asamblea constituyente designada por él mismo -por su gobierno- y aprobada en un plebiscito convocado y realizado durante su primer mandato. Si, en octubre de este año, Evo Morales ya llevaba tres mandatos e iba por el cuarto, en circunstancias que su propia constitución no acepta la reelección. Para eso, él trató de reformarla; pero no le resultó, ya que perdió en el plebiscito convocado para este efecto.

La Constitución de Evo, de 2009 -llamada pomposamente plurinacional- fue aprobada por simple mayoría y no por los dos tercios que establecía la constitución anterior. Sí, entre una y otra constitución tiene que haber continuidad y toda nueva carta fundamental debe ser elaborada y entrar en vigencia de acuerdo a las normas de la anterior. Lo que no se dió en Bolivia.

Hagamos un poco de historia: Morales fue elegido presidente por primera vez en el 2005, la asamblea constituyente fue designada el 2006 y la constitución, promulgada el 2009. El 2014, los jueces nombrados por él, decidieron “no contar” su primer período tras la antigua constitución como un periodo presidencial, para poder ser reelegido presidente. Así, Evo Morales se convirtió lentamente en un presidente vitalicio, en un rey sin corona, en un monarca sin cetro o bien, en un simple tirano hispanoamericano como otros muchos. Estamos pues ante un renacimiento del consabido caudillismo latinoamericano.

En 2016, Evo Morales intentó reformar la constitución, para permitir su reelección el 2019. Sin embargo, su proyecto de reforma constitucional fue rechazado claramente en un referéndum. El pueblo se decidió en su contra. En contra del rey sin delfín. En contra de quien se había atornillado en el poder y se consideraba imprescindible y se consideraba a sí mismo como el único que podía resolver los problemas de Bolivia: él y nadie más que él.

Como el poder corrompe[1], Evo quiso trocarle la nariz a la constitución y al pueblo y recurrió al tribunal constitucional que, por unanimidad de los jueces nombrados por él mismo, resolvió a su favor. Los jueces “sumisos” al régimen dictaminaron que Morales tenía el “derecho humano” a su reelección: sería una mera cuestión de DDHH reelegir a Morales. Así, mediante un resquicio legal, Evo hizo caso omiso de la constitución o más bien, la violó abiertamente.

Esta triquiñuela de Morales (que no hace honor a su nombre) no causa nada más que un sentimiento entre risa y repugnancia; pero en Bolivia, fue aceptada. Fue aceptada y, en octubre de 2019, se realizaron elecciones presidenciales. En ellas, parece no caber dudas a nadie de haber sido cometido un masivo fraude electoral.

La supuesta victoria del candidato del MAS, sigla detrás de la cual se esconde el partido de Morales, de su Movimiento Al Socialismo, no fue reconocida por observadores internacionales, ni tampoco por los observadores nacionales. La acusación de fraude era demasiado grande, el fraude demasiado evidente, en un estado controlado por el gobierno del Movimiento Al Socialismo.  

A continuación, comenzó una protesta de la sociedad civil que concluyó con la huída de Evo y de todos sus ministros a México y a otros países entre los cuales, al parecer, no se cuentan no Cuba, ni Venezuela, sus aliados políticos en la Región. Por favor, corríjanme si me equivoco en este punto y alguno de sus ministros ha decidido refugiarse en alguno de estos dos países posteriormenre a la publicación de esta columna.

“¡Qué diferencia con Chile!” clama Ian Vásquez, el columnista de El Comercio de Perú, en su artículo que titula “Bolivia vs. Chile”. Escribe: “La alternancia del poder en Chile se ha dado desde el regreso de la democracia en 1990, siendo la izquierda la que ha gobernado la mayoría del tiempo. Durante ese período, la Constitución ha sido cambiada numerosas veces y legitimada por los partidos de izquierda”[2]. Efectivamente, la izquierda chilena ha gobernado 25 de los últimos 30 años; pero, paradojalmente, culpa de todo lo malo a la derecha.

En realidad, la diferencia entre Bolivia y Chile es abismal. Y no me refiero a las diferencias históricas, sino a las actuales. A diferencia del boliviano, el gobierno actual de Chile respeta la Constitución. Si la Constitución no permite la reelección, simplemente, no se presenta el candidato para una reelección inmediata. Las reglas del juego están claras y hay que seguirlas. En Chile, el rayado de la cancha siempre fue sagrado.

Chile es un país con un tribunal constitucional independiente. El tribunal constitucional boliviano era sumiso y se hallaba bajo el control del presidente Morales. En Chile, el gobierno puede esperar que el TC falle a su favor, pero no lo puede obligar. En Bolivia, lo pudo obligar a fallar a su favor.

En Chile, hasta ahora, se ha buscado el acuerdo entre los diversos partidos políticos, salvo ahora, en que la extrema izquierda busca una ruptura violenta, un cambio de sistema, como le llaman en su retórica altisonante. Me pregunto ¿cuál es el sistema que nos quieren imponer? ¿Reemplazar la democracia liberal representativa por una democracia popular a la antigua usanza de los regímenes comunistas de antaño?

Algunos sostienen que su propósito es reemplazar el sistema o el modelo chileno por el de Alemania o Suecia. Lamento decirles que tanto Alemania como Suecia tienen sistemas democrático-liberal-representativos en lo político y de libre mercado en lo económico. Y que en ambos países, la policía es muy efectiva y no acepta actos de vandalismo, ni saqueos, ni tampoco delincuencia, ni crímenes comunes disfrazados de “resistencia”.

A propósito del “sistema”, una amiga argentina me dice que “Chile era el modelo para toda Latinoamérica y por eso, a la izquierda le interesa tanto destruirlo”. A lo que una amiga mexicana comenta “Eso mismo platicaba con mi familia el domingo pasado”. Y otra amiga argentina agrega: “Tal cual, Chile era el modelo”. De ahí el mayor ensañamiento ideológico en su contra.

Un tema que también se plantea y uno no muy tranquilizante es que “el vandalismo y la violencia desatada, los saqueos y la destrucción urbana” son la pavimentación hacia la extrema derecha. No sin razón Patricio Navia comentaba: “después de las protestas del 2014, una mayoría terminó votando a Bolsonaro”[3]. En este caso, “el sistema” tendría un vuelco inesperado, de acuerdo a la tradicional ley del péndulo que tanto conocemos los chilenos y el modelo sería reemplazado por otro cuyos propulsores consideren totalmente opuesto al actual. Me pregunto si para allá vamos… Sólo puedo responder que lo contrario de la extrema izquierda no es la extrema derecha. Lo contrario de la extrema izquierda es la democracia.

Que me disculpen los países productores de plátanos; pero es propio de “repúblicas bananeras” exigir la renuncia del presidente en ejercicio, que fue elegido en elecciones democráticas. Y esto lo sostengo tanto frente a quienes hoy exigen la renuncia de Piñera, como frente a quienes exigían la renuncia de Bachelet. De la misma manera, es altamente antidemocrático y no merece ni siquiera el más breve análisis, sostener “si yo no voté a Piñera, él no es mi presidente”, como he leído y escuchado en estos aciagos días.

Vásquez explica que, “la izquierda extrema…denuncia además que el Gobierno ha tratado de mantener la seguridad y el orden público ante el vandalismo y violencia que algunos manifestantes han desatado”[4]. Pero ¿no es esto lo normal? Un gobierno sería super irresponsable si no lo hiciera. Lo que correponde a un gobierno es defender las instituciones, defender el estado de derecho. Los cambios se hacen sin ruptura, de acuerdo a la antigua divisa democrática: evolución y no revolución.

Al gobierno le corresponde mantener la seguridad y el orden público frente a la violencia y al vandalismo. En este punto, el comentarista peruano tiene toda la razón. En un estado de derecho no rige la ley del más fuerte, sino que impera la fuerza de la ley. Esta es una de las más valiosas conquistas de la sociedad democrática, donde el estado tiene y ejerce el monopolio de la fuerza y los ciudadanos no necesitan recurrir a la autodefensa porque es el estado quien los protege y defiende sus derechos[5].

El columnista de El Comercio de Lima explica que, “la izquierda extrema, que ahora quiere derrocar al presidente, dice que Chile ha vivido 30 años de fracaso, a pesar de los hechos que cuentan otra historia”[6]. Bueno, de los 30 años, 25 han sido de gobiernos de izquierda. Pero eso, ¡a quién le importa cuando se trata de tergiversar la historia y los hechos y de presentar un relato a mi antojo, un storytelling que me beneficie y que evite preguntas molestas! Pero, como decía Stalin, “persigue al mentiroso hasta el umbral de su mentira”.

 


[1] La sentencia es de John Emerich Edward Dalberg-Acton. Su original en inglés: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”

[5] “Este es un ‘gran logro civilizatorio de la modernidad, así se logró suprimir la barbarie’” La polarización es el semillero del extremismo

Teillier: “puede que se pierda en el Parlamento, pero no en las calles”

Esta semana, alguien escribía en Twitter “pensamos que el voto es la manera democrática de elegir a nuestros líderes que manejan al país”[1]. Exacto, este es el quid, es la esencia de la democracia liberal representativa, como la conocemos en el mundo civilizado y la vivimos en los países democráticos.

Últimamente, alguien ha hablado de una “democracia iliberal”, término que me recuerda a la llamada “democracia popular” de antaño, a la que, sin duda, se parece demasiado.

El voto, las elecciones periódicas, libres e informadas son la única manera de elegir a los representantes del pueblo. Antiguamente, se llamaba sediciosos a quienes se arrogaran la representación popular sin haber sido elegidos democráticamente.

Da lo mismo que “el pueblo se equivoque”, yo estoy obligada a respetar la decisión mayoritaria. Eso sí, siempre respetando la opinión de la minoría. Se puede decir que, en la democracia, a la minoría la tratamos con cariño y empatía.

En prácticamente todos los sistemas democráticos, existen mecanismos para que las minorías sean plenamente respetadas y tengan representación parlamentaria. El conocido “The winner takes it all” es un procedimiento muy antiguo, de los primeros tiempos del parlamentarismo y está en retroceso.

En algunas elecciones ganan los unos, en las otras, ganan los otros. En Chile, por ej., durante los últimos treinta años, 25 de ellos han gobernado sectores de izquierda y sólo cinco, lo han hecho los de la derecha[2]. Quiénes se quejan tanto de que las cosas andan mal, deberían recordar esta circunstancia antes de culpar de todo el gobierno que asumió hace un año. En el país, ha habido alternancla en el poder que es condición sine qua non de la democracia[3].

Gobernantes que se eternizan en el poder, de los que vemos algunos ejemplos en la Región (Bolivia, Venezuela) son cualquier cosa, menos gobiernos democráticos. Familias que se eternizan en el poder (como en Argentina) se hallan al borde de la demagogia, que es lo contrario de la democracia.

La Constitución señala acertadamente en sus artículos 4 y 5 inciso 1°:

Artículo 4°. Chile es una república democrática.

Artículo 5°. La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.

Sí, “el voto es la manera democrática de elegir”, tanto en elecciones, como en plebiscitos. Los representantes del pueblo se eligen en elecciones libres, pacíficas e informadas, como ocurre en Chile. Me puede gustar o no el candidato o la candidata ganadora; pero independientemente de ello, tengo que aceptar su triunfo, reconocerlo y felicitarlo/a.

Cuando el presidente del Partido Comunista chileno Guillermo Teillier[4] asegura que ante el eventual fracaso de una por él planeada acusación constitucional contra Piñera, “puede que se pierda en el Parlamento, pero no en las calles”, se coloca claramente fuera del estado de derecho y con ello, fuera del sistema democrático de gobierno.

Asimismo, el pueblo que enfrenta al parlamento es un tópico propio del populismo actual, de extrema derecha y de extrema izquierda. El populismo es una lacra que acaba por destruir la democracia si no se lo para a tiempo.

La lucha callejera no es, de ninguna manera, el lugar donde se elige quien representa al pueblo. Es más, quienes salen a las calles a destruir, a quemar, a golpear a otras personas, nunca pueden ser representantes del pueblo.

Es en las elecciones donde se determina hacia donde va el país, hacia donde se dirige la sociedad. Las elecciones y nunca la violencia, sea violencia callejera o de otro tipo. Saqueos, quemas, barricadas, etc. Pero parece que hay gente que cree que vivimos en 1917 y en Rusia.

En estos días, un usuario de Twitter me decía que algo así como que los grandes cambios sociales se produjeron en la historia mediante la violencia, las barricadas, el terror. Es cierto que en las revoluciones de los siglos 18 y 19 hubo gran violencia; pero también es cierto que los cambios se produjeron más bien a través, del pensamiento, de los libros, de los diarios, de los afiches, en otras palabras, del pensamiento, de la Ilustración. 

Las revoluciones de fines del siglo 20, contra los regímenes comunistas fueron pacíficas, como corresponde al nivel de desarrollo intelectual de la sociedad de hoy.

Sólo el estado tiene el monopolio de la fuerza y lo ejerce de acuerdo a derecho. A este punto me referí explícitamente en mi columna de la semana pasada[5]. Este es el quid, la esencia del estado de derecho que, a su vez, pertenece a la esencia o el quid de la democracia.

No queremos volver a la época de las cavernas donde no se conocía el imperio de la ley, sino la ley del más fuerte, del que peleaba mejor. Podemos decir sin temor a equivocarnos que una supuesta democracia sin estado de derecho no es democracia.

Pero en la sistemática del partido comunista, Teillier tiene razón: la lucha debe seguir hasta que el proletariado conquiste el poder. Conquista que se efectúa por cualquier medio: a través de la vía electoral (que curiosamente se conoce como “la vía chilena”) o de la vía armada, de la revolución. En este punto, Stalin es un buen ejemplo.

Finalmente, sólo puedo decir que, cuando algunos se consideran a sí mismos, como los únicos representantes del pueblo, pese a que su partido apenas llegó al 5%[6] en las últimas elecciones parlamentarias, hay algo que no me cuadra.

A mi modo de ver, arrogarse la facultad de representar al pueblo al tiempo que se la niega a quienes realmente han sido elegidos tiene un nombre muy simple: populismo.

Llamar a luchar en las calles, aunque se haya perdido en el Parlamento tiene otro nombre muy simple: extremismo.


[1] M. Soledad Brito @choibrito Su tweet

[4] Bien atrasado está Chile todavía con un partido comunista… El comunismo pasó hace mucho tiempo de moda. Está totalmente passé. Tengo que confesar que, me causa bastante vergüenza reconocer, frente a mis amigos extranjeros, que en Chile aún hay un partido comunista, algo totalmente arcaico, anticuado, pasado de moda, sobrepasado por la historia.

La protesta originariamente social y el estado de excepción en Chile

Dedico este artículo a un joven de San Bernardo que perdió su vida -fue asesinado- por personas que saqueaban su almacén. Y que es cercano a la familia de una querida amiga.

La revista alemana Spiegel comentaba esta semana que nos sorprende lo que pasa actualmente en Chile, hasta ahora el mejor alumno o el primero de la clase en Hispanoamérica[1]. Me gustaría expresar algunas ideas acerca de cómo veo yo el problema de la protesta en Chile 2019.

Hay que considerar que “Chile posee la renta per cápita más elevada de América Latina​ y pertenece a la categoría de países de ingresos altos según el Banco Mundial”[2]. El problema chileno no es de falta de crecimiento, sino de distribución o más bien de redistribución de la riqueza. A mi modo de ver, un conflicto típico en países que van creciendo.

Estamos frente a una protesta social o inicialmente social. Este fue su detonante y nadie la veía venir tan pronto, al menos, no con esta intensidad y violencia. La desigualdad económica es en Chile un tema preocupante. Cada país con gran desigualdad es un país que camina al borde del abismo, esto, independientemente de otros indicadores socioeconómicos positivos.

De este problema chileno advierte la OECD desde hace años. Un país con gran desigualdad no sólo presenta estadísticas de criminalidad más altas, sino que también es caldo de cultivo de disturbios sociales.

Chile es un país cuya economía ha crecido muy rápidamente. Donde el éxito ha coronado muchas cabezas. Lo que es encomiable, meritorio y hay que celebrarlo. Sin embargo, esto ha llevado a aumentar la desigualdad, ya que algunos han visto coronados sus esfuerzos por el éxito y otros no.

Muchos han quedado en el camino: los ancianos, los poco calificados y quienes han tenido mala suerte o no han podido o no han sabido aprovechar las oportunidades. O tal vez han tenido otras prioridades muy legítimas y han escogido otras alternativas que no conducen necesariamente al éxito económico. Pienso que personas que cuidan a familiares enfermos, a mamás o papás que cuidan a sus hijos, en artistas, en científicos, en deportistas, en religiosos y religiosas…

El éxito no es sólo económico, hay muchas personas económicamente pobres; pero muy exitosas. Hace pocas semanas inauguraron en La Reina -mi comuna- una estatua homenaje a Violeta Parra, pienso en una persona exitosa como ella. Pienso en los científicos chilenos, algunos de ellos co-autores de descubrimientos tan trascendentales como la expansión acelerada del universo; pero de ninguna manera multimillonarios.

Pero desde el punto de vista únicamente económico, el problema no es que muchos hayan logrado el éxito material y que ganen mucho dinero. El problema es que muchos ganan muy poco. Y en la sociedad chilena -como en muchas otras- el éxito ha empezado a medirse únicamente por la cantidad de plata de que dispones. Para mí, eso es un espejismo.

También yo iría a protestar pacíficamente en contra de la desigualdad económica. Como muchas otras personas, soy partidaria de un estado social, lo que, de ninguna manera contradice la economía social de mercado, que no sólo es el sistema más eficiente, sino también el más justo. Pero la economía no es sólo economía de mercado, sino que es economía social de mercado[3].

Las acciones de protesta, las manifestaciones comenzaron siendo una protesta netamente social, que muy pronto se desbordó y se descontroló. La consecuencia fueron saqueos e incendios, robos, agresiones, heridos y hasta muertos. De pacífica, no le quedó nada, ni siquiera el nombre.

Fue un poco como lo que ocurrió en Francia con las chaquetas amarillas que empezaron reclamando por el alza del precio del diesel -en Chile, del alza los boletos del Metro- y acabaron en un movimiento en que se unieron extremistas de derecha y extremistas de izquierda, en una alianza insana y deletérea que se hace cada vez más común en el mundo occidental. Entre paréntesis, el elemento de emulación no se puede dejar de lado en Chile, donde amplios sectores de la población viven mirando en internet lo que pasa en el sur de Europa. La rabia y la indignación no son buenas consejeras, ni en Sudeuropa, ni en Chile.

El derecho a a manifestarse en forma pacífica es un derecho importantísimo e irrenunciable en una democracia liberal representativa. Como me comenta una amiga con respecto a las protestas: “el problema es que parten bien; pero luego llegan los encapuchados”[4].

El estado tiene que garantizar la seguridad de quienes participan en manifestaciones, las que siempre deben atenerse a la ley y respetar el orden público. Las manifestaciones violentas son -sin excepción- absolutamente inadmisibles y contrarias a derecho. El estado debe impedir y castigar la violencia en las manifestaciones y garantizar que éstas se realicen en paz. Esta es una exigencia irrenunciable del estado de derecho.Dedico este artículo a un joven de San Bernardo que perdió su vida -fue asesinado- por personas que saqueaban su almacén

Sin duda, protestas violentas, con “lanzapiedras”[5] y saqueos no sólo no ayudan en nada a la población, sino que la perjudican. Especialmente a la gente más pobre de la que dicen representar. La gente pobre, los ancianos quedan desprotegidos y al amparo de bandas de maleantes. No dudo que haya gente realmente solidaria y bien intencionada entre quienes protestan. Me gustaría que no se dejaran utilizar. Así no se ayuda efectivamente a los más pobres. Así no se supera la desigualdad. Más bien, parece que, con la violencia, la desigualdad aumentara.

Especialmente grave me parece el incendio del edificio de El Mercurio de Valparaíso, el diario más antiguo de habla hispana que aún existe, lo que es un orgullo para Chile. La libertad de prensa es uno de los valores más importantes y emblemáticos de toda sociedad libre y democrática. El hecho de que, precisamente un medio de comunicación antiguo, prestigioso y como tal, emblemático, haya sido incendiado por los manifestantes es gravísmo. Y nos dice mucho acerca del rumbo que ha tomado la protesta en Chile que de social, poco y nada le va quedando.

En este escenario, lo más sensato que puede hacer un gobierno es decretar el estado de excepción. En Santiago[6] y luego en otras ciudades. La Constitución política establece que, en caso de una grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad nacional, el presidente de la República podrá declarar el estado de emergencia, para las zonas afectadas. Zonas que empezaron con Santiago y se han extendido a otras ciudades. La emergencia se extiende por un periodo de tiempo, en principio de 15 días, prorrogable bajo ciertas condiciones.

De acuerdo al art. 42 de la Constitución, “declarado el estado de emergencia, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale”. Esta es la razón por la cual, “los militares salieron a la calle”: para velar por el orden público.

Lo normal es que las fuerzas de orden, esto es, Carabineros, sean los garantes, los guardianes del orden público, que protejan a los ciudadanos, la paz en las ciudades, el resguardo de la convivencia pacífica. Pero, cuando la situación se descontrola -lo que no es lo normal, por eso el estado de excepción constitucional es, como lo dice su nombre, una excepción[7]– se recurre a las fuerzas armadas para que contribuyan a mantener el orden público, esencial para una convivencia pacífica y libre de violencia.

No es lo normal, es la excepción. La finalidad del estado de excepción -que siempre es temporal- es el retorno a la normalidad. Incluso, dentro de la excepción, el estado tiene el deber de respetar los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a manifestarse. De esto son una buena muestra las manifestaciones realizadas en sectores acomodados de Santiago (como las de Vitacura y de Plaza Ñuñoa). Sus hashtags #noestamos en guerra y #elamoresmásfuerte son representativos de un público pacífico. O bien cuecazos en diferentes esquinas de ciudades chilenas, de día y con protección policial.

El estado de derecho tiene el deber de defenderse. Tiene que defenderse. La sociedad se defiende a través del derecho. El imperio de la ley prevalece sobre la violación masiva del orden jurídico. Evidentemente, las fuerzas armadas están igualmente sujetas a la ley durante sus patrullajes y sus actuaciones, en resguardo del orden público y quedan sujetas al eventual dictamen de los tribunales de justicia. Todo abuso de poder tiene que ser castigado. Asimismo, los delitos cometidos por encapuchados, saqueadores o ladrones, que se aprovechan de la situación, no pueden quedar impune.

Las fuerzas armadas no realizan normalmente labores de policía. Por eso, no es lo normal que salgan a la calle y es siempre algo arriesgado. Se puede decir que las fuerzas armadas “ayudan” a Carabineros en una situación excepcional. Esto existe en todos los ordenamientos jurídicos de los países civilizados e incluso, en algunos se habla de una “asistencia administrativa” de las fuerzas armadas en beneficio de las policiales. Aunque no es exactamente el caso en el derecho chileno.

Me parece que es una falsedad -y un gran sarcasmo- sostener que los saqueos se produjeron debido a la presencia de los militares en las calles. Asegurar que, si ciertos manifestantes ven a militares, automáticamente empiezan saquear negocios… no sé si es sarcasmo o simple estupidez.

Es precisamente al revés, si no hubiera habido saqueos, incendios y si no se hubiera cometido delitos graves contra la integridad de las personas, no habría sido necesario decretar el estado de excepción, con todas sus consecuencias. Durante el terremoto de 2010 también lo comprobamos: la presencia de militares impidió que los saqueadores continuaran con sus acciones en alguna ciudad del Sur. La violencia es la causa del estado de excepción y no su consecuencia.

El lenguaje de la democracia no es la violencia, menos los robos, saqueos y asesinatos. El lenguaje de la democracia es el argumento, es la palabra. La palabra es lo contrario a lanzar piedras o a incendiar diarios, autos, buses o el Metro de Santiago. El populismo de izquierda y de derecha, la descalificación del adversario político -que no es enemigo[8]-, el odio, la mentira, las fake news[9] carcome y finalmente destruye el sistema democrático de gobierno y lleva al totalitarismo. Muchos ejemplos nos da la historia del siglo 20.

Las personas más perjudicadas con los actos de violencia son precisamente aquellas que los manifestantes pretenden defender: los menos favorecidos, los más pobres, quienes quedan más desprotegidos frente a la violencia. Pienso en el joven que defendía su negocio en San Bernardo y que fue asesinado por saqueadores.


[1] Gewalt in Chile Es brennt im Musterland = Violencia en Chile. Arde en el país modelo.

[3] El llamado estado social no es de ninguna manera la caricatura del welfare state o estado benefactor que pintan algunos extremistas cuyas ideas proceden de alguna literata frustrada procedente originalmente de Rusia. Cuya ideología es frecuente en países hispanoparlantes.

[4] La prohibición del encapuchamiento es una norma generalizada en todas las democracias desarrolladas. Me pregunto si no existe en Chile o no se hace cumplir. O simplemente a los violentistas no les importa.

[5] Miren al hombre de la polera roja… le lanza una piedra o un ladrillo al radiopatrulla en medio de un taco, con eso pone en peligro no sólo a los carabineros sino también a los conductores de los otros vehículos: https://twitter.com/MartaSalazar/status/1186267761430978562/video/1

[7] Ver mis columnas “Soberano es quien decide sobre el estado de excepción” y Schmitt y el estado de excepción – Peligrosamente actual No se puede hacer de la excepción la normalidad, como hace Schmitt, considerado un “fanático del estado de excpeción”.

[8] … a diferencia de lo que plantea Carl Schmitt, lamentablenente muy popular entre la izquierda latinoamericana.

[9] Como aquella imagen que circulaba en las redes sociales que mostraba un supuesto screenshot de la televisión alemana que habría calificado al Presidente Piñera como un dictador (Dikator). Nada más falso, los medios alemanes han sido bastante ecuánimes para informar sobre la protesta en Chile.